La sesión de la Comunidad IA de la UPC del 18 de septiembre abordó el debate sobre los límites que podrían establecerse al uso de la inteligencia artificial en la educación escolar. La exposición estuvo a cargo de Gianfranco Mejía Trujillo, abogado especializado en regulación y director del Programa de Regulación de IA de la UPC, quien presentó aportes técnicos y jurídicos para analizar las distintas alternativas regulatorias. Su planteamiento partió de una premisa: antes de optar por una prohibición o una adopción irrestricta de estas tecnologías, es necesario examinar la evidencia disponible y las características de cada contexto educativo.  

Uno de los puntos revisados fue la aparición de restricciones al uso de inteligencia artificial en sistemas escolares de distintos países y jurisdicciones. El expositor señaló que estas medidas no siguen un único modelo: algunas plantean restricciones amplias, mientras otras proponen incorporaciones progresivas según la edad y el nivel educativo. Como antecedente histórico, recordó que debates semejantes acompañaron en décadas anteriores la introducción de las calculadoras en las escuelas, lo que permite observar que la incorporación de nuevas tecnologías suele generar preguntas sobre su impacto en el aprendizaje y la autonomía del estudiante. 

La discusión también se concentró en los riesgos asociados al uso de modelos de lenguaje por niños y adolescentes. A partir de investigaciones revisadas durante la sesión, se identificaron asuntos relacionados con la integridad académica, el bienestar psicológico, el aislamiento social, la privacidad, la brecha digital y, de manera especial, el desarrollo de la autonomía y el pensamiento crítico. Mejía advirtió, además, que todavía existe poca evidencia experimental enfocada específicamente en población infantil, una limitación que dificulta sustentar decisiones regulatorias únicamente en resultados técnicos consolidados. 

Desde la perspectiva jurídica, se analizaron derechos que podrían verse involucrados en el uso de inteligencia artificial por menores de edad, entre ellos el derecho a la educación, la no discriminación, la privacidad y la autonomía. Asimismo, el expositor explicó que el marco peruano ya contempla obligaciones para determinados sistemas de IA empleados en educación, especialmente cuando intervienen en procesos como evaluaciones, resultados de aprendizaje o identificación de comportamientos durante un examen. En estos casos, destacó la necesidad de capacitación humana para supervisar, corregir o validar los resultados generados por estos sistemas. 

Frente a los extremos de una prohibición general y una utilización sin restricciones, la sesión puso sobre la mesa un modelo gradual. La propuesta discutida considera que el grado de acceso a la IA podría variar según la edad, los objetivos formativos y el nivel de autonomía de los estudiantes: desde usos altamente supervisados en las primeras etapas hasta una integración más amplia en niveles avanzados. Durante el intercambio posterior, los participantes añadieron que una regulación de este tipo debería apoyarse en evidencia, criterios pedagógicos y mecanismos de gobernanza que involucren a docentes, instituciones educativas y familias. 

El diálogo final reforzó una idea transversal: la discusión sobre inteligencia artificial en educación no puede reducirse a la cantidad de herramientas incorporadas en las aulas. Los participantes señalaron la necesidad de revisar cómo se diseñan las experiencias de aprendizaje, qué capacidades se busca desarrollar y de qué manera la tecnología contribuye —o interfiere— en ese proceso. En ese marco, la regulación aparece no solo como un asunto tecnológico o jurídico, sino como una oportunidad para reconsiderar el papel de la pedagogía, el pensamiento crítico y la formación responsable de los estudiantes. 

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